3 de octubre de 2023
La democracia parlamentaria española avanza a su propio ritmo. Después de elegir a sus diputados y senadores el pasado 23 de julio, los españoles todavía esperan la formación de un gobierno. El rey Felipe VI, tras realizar consultas a los grupos parlamentarios, ha designado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la presidencia del gobierno. Aunque su partido fue el más votado (33% de los votos y 137 diputados), tiene prácticamente ninguna posibilidad de ser investido. Sin embargo, debido a una aritmética parlamentaria compleja, el rey ha preferido refugiarse en una tradición según la cual se designa como candidato al jefe del grupo parlamentario más numeroso. Los partidarios de Feijóo cuentan con 172 votos (137 diputados del PP, 33 diputados de Vox, 1 diputado de Coalición Canaria, 1 diputado de Unión del Pueblo Navarro). Sus adversarios suman 178 votos (121 del PSOE, 31 de la coalición de izquierdas Sumar, 6 diputados del grupo independentista vasco Bildu, 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco, 7 diputados de la Izquierda Republicana Catalana (ERC), 1 diputado del Bloque Nacionalista Gallego y 7 diputados independentistas de Junts pel Catalunya). A menos que ocurra un giro inesperado, como la abstención de 7 diputados socialistas, Feijóo no puede ser designado como jefe de gobierno. En estas circunstancias, el rey retomará sus consultas y designará, muy probablemente, al socialista Pedro Sánchez, quien afirma contar estos días con una mayoría «progresista». El PSOE depende completamente del voto de los siete diputados del partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra actualmente en Bélgica y está protegido por su condición de eurodiputado a pesar de haber perdido su inmunidad y estar pendiente de juicio en España. Los socios parlamentarios del PSOE, Bildu, PNV y ERC, que ya apoyaron al partido durante la última legislatura, han renovado su apoyo a Pedro Sánchez. Pero esto no es suficiente: juntos, solo suman 171 votos frente a los 172 de la derecha. El voto de los diputados de Junts es decisivo y vital. Carles Puigdemont ha expuesto sus condiciones: aprobación de una ley de amnistía para todos aquellos que fueron procesados por delitos cometidos durante la crisis catalana de otoño de 2017 y que fueron condenados o están pendientes de juicio; negociación para un referéndum de autodeterminación; reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea y cancelación de la deuda de Cataluña con respecto al Estado español (78 mil millones de euros), que ha recalculado recientemente en 450 mil millones de euros. Estas condiciones completamente excesivas fueron desestimadas por Pedro Sánchez durante toda la campaña electoral. Incluso en 2019, se jactaba de traer de vuelta a Carles Puigdemont para ser juzgado, destacando la ineficacia del gobierno de Mariano Rajoy en este asunto (y en tantos otros). En la prensa y en las redes sociales se pueden encontrar todas las declaraciones de los socialistas reafirmando su firmeza ante posibles chantajes nacionalistas e independentistas. Desde el 23 de julio, el discurso ha cambiado y ahora el debate se centra en la ley de amnistía. Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, líder de ERC y condenado a prisión en octubre de 2019, beneficiario de un indulto individual, afirmó que la ley se viene negociando desde agosto. Carles Puigdemont insiste constantemente en que la ley debe ser completa, definitiva e irreversible… sin renunciar, sin embargo, a retomar unilateralmente su lucha independentista. Los socialistas están preparando el terreno para una opinión pública que solo apoya la hipotética ley de amnistía en un 25%. Pero la vieja guardia socialista, encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, se opone duramente a la amnistía. Según ellos, sería una amenaza para el modelo democrático de 1978, ya que al borrar los delitos cometidos por los dirigentes independentistas catalanes en septiembre y octubre de 2017, la ley de amnistía pondría de relieve el uso del artículo 155 de la Constitución que, precisamente, permitió suspender a estas autoridades políticas por violar la Constitución. La derecha, especialmente el Partido Popular, aturdida después de su victoria que resultó ser una derrota, se moviliza en contra de la amnistía. El domingo 24 de septiembre, el PP reunió cerca de 60,000 personas en Madrid en una demostración de fuerza liderada por su líder y sus dos expresidentes, José María Aznar y Mariano Rajoy. Esta demostración se repetirá a principios de octubre en Barcelona. Alberto Núñez Feijoó seguramente encontró las palabras adecuadas el pasado domingo para denunciar una amnistía que pondría a los responsables políticos por encima de la ley. Y se preguntó sobre la desigualdad entre el ciudadano obligado a cumplir escrupulosamente la ley y los políticos que se auto-amnistían… sin ninguna otra razón real que mantenerse en el poder. Una amnistía por siete votos… En este debate, se entrelazan tres desafíos que crispados la vida política española. El primero, por supuesto, es la cuestión catalana que no está resuelta. Los independentistas siguen teniendo una capacidad de acción importante a pesar de su retroceso electoral (el PP, con un 13,34% de los votos en Cataluña, supera a ERC (13,16%) y Junts (11,16%)). ¡Junts y Carles Puigdemont son los que deciden quién será presidente! A nivel nacional, Junts, con un 1,6% de los votos, puede imponer sus condiciones leoninas al PSOE de Pedro Sánchez y demostrar que el Parlamento, antes que un lugar de debate, es