El MidCat permitiría a España, que tiene el 30% de la capacidad europea de regasificación de gas natural licuado (GNL), exportar gas desde Estados Unidos o Qatar por barco al resto de Europa. De hecho, el país cuenta con seis terminales para regasificar GNL, más que cualquier otro país europeo. Esta red, a la que se suma un puerto gasista en Portugal, podría convertir a la península en una puerta de entrada preferida para el gas en la UE.
Francia se opone a este proyecto por varias razones. En primer lugar, su coste, estimado en 2018 en 440 millones de euros, y la duración de la obra, estimada en tres o cuatro años. A estos obstáculos se suma la falta de conexiones entre Francia y Alemania, principal país interesado en el gas que pueda llegar desde España. “No entiendo por qué saltaríamos como cabras de los Pirineos sobre este tema para explicar que solucionaría el problema del gas: es falso”, estimó hace un mes Emmanuel Macron. Según él, «no es necesario que España exporte sus capacidades gasistas a Francia» ya que la península utiliza actualmente los gasoductos que la unen con Francia para «importar» gas.
El pasado mes de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que el MidCat era de «crucial» importancia para «reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos» y «poner fin al chantaje del Kremlin». España cuenta con que la UE declare este proyecto de interés comunitario para superar las reticencias de Francia.
Así, el relanzamiento (o no) de MidCat no es sólo una cuestión de “relaciones bilaterales” entre París y Madrid, decía hace un mes Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica española. “En consecuencia, el debate (sobre su utilidad) no puede pues cerrarse con las declaraciones de un solo país”, había asegurado.