Fuertes críticas de los alcaldes de los Municipios que han instalado paneles fotovoltaicos en los últimos años. Razón por la que estos entes locales han sido equiparados a empresas energéticas
En las últimas semanas, los alcaldes italianos -incluso los de los Municipios más «energéticamente virtuosos»- también han encontrado entre los gastos de la ciudad el impuesto sobre los beneficios extraordinarios, descubriendo que no concierne sólo a las grandes empresas energéticas, sino también a las administraciones locales. He aquí pues que, en muy poco tiempo, estos Municipios han sufrido un auténtico susto, pasando de una situación económica envidiable a tener que revisar por completo sus cuentas presupuestarias.
CÓMO NACIÓ EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EXTRA
El impuesto sobre beneficios extraordinarios, introducido por el gobierno de Draghi para aumentar la recaudación fiscal, prevé la recaudación de parte de las nuevas (y cuantiosas) ganancias de las empresas que producen o venden gas o electricidad. De hecho, el aumento de los costes de la energía en los últimos meses ha permitido a estas empresas ganar mucho más de lo esperado, por lo que el gobierno decidió introducir un impuesto para recuperar dinero y financiar medidas de apoyo económico a grupos de población en dificultades.
La aportación extraordinaria se calcula sobre el incremento de beneficios entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de abril de 2022. La diferencia que se obtiene al comparar los datos con los del mismo período del año anterior representa la participación en los beneficios extraordinarios. Si el incremento es superior al 10% del total (o en todo caso superior a 5 millones de euros) las empresas deben al Estado una cantidad igual al 25% de la suma. La tarifa debe pagarse en dos partes, con un depósito, equivalente al 40%, a pagar a fines de junio y el 60% restante a fines de noviembre.
El Ministerio de Economía ha calculado que la medida habría afectado a unas 11.000 empresas, por unos ingresos totales de 10.500 millones de euros. Sin embargo, estas estimaciones no han cumplido las expectativas: según las últimas actualizaciones, de hecho, solo se han recaudado 2.600 millones de euros.
La contribución había despertado de inmediato las críticas de las empresas, especialmente por el método de cálculo elegido. Para evaluar las utilidades extras se optó por el denominado “diferencial de IVA”, es decir, la variación de la base imponible sobre la que se paga el IVA de un año a otro. Según muchos expertos en derecho tributario, este no es un indicador adecuado. De hecho, son muchas las variables que pueden influir en la cifra, más allá de los beneficios extra: puede verse modificada por la ampliación de la cartera de clientes, por la compra de una sucursal de la empresa o por el simple aumento de cuota de mercado.
También hay que subrayar que el periodo de referencia considerado para calcular el incremento -el invierno de 2020-21- incluye los últimos meses de confinamiento por la pandemia del Covid, en los que el consumo y los precios fueron inferiores a lo normal. Las empresas estiman que en la temporada 2021-22 se habría producido un incremento independientemente del crecimiento de los precios de la energía.
CRÍTICAS AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EXTRA
Las críticas más fuertes son las de los alcaldes de los Municipios que han instalado paneles fotovoltaicos en los últimos años, que por ello han sido equiparados a empresas energéticas. A diferencia de lo que ocurre con las empresas, los Municipios reinvierten el producto de la actividad en energías renovables para limitar gastos, abaratar consumos y financiar servicios públicos. Esto se debe a que, como administraciones públicas, no pueden obtener beneficios. Según estimaciones de ANCI, alrededor de 1.200 administraciones ya han recibido solicitudes de pago de la GSE.
La paradoja del mecanismo fiscal sobre beneficios extraordinarios es que cuanto más previsor ha sido un municipio pequeño -instalando sistemas fotovoltaicos para una potencia superior a sus necesidades- más penalizado se le hace. Un ejemplo de ello es Veneto, una de las regiones donde más sistemas fotovoltaicos se han instalado en los últimos años: si al municipio de Padua se le pedían 600.000 euros, a los municipios de Affi y Castelnuovo (en la provincia de Verona) se le pedían respectivamente 193.000. y 300.000 euros.
El presidente de ANCI Veneto y alcalde de Treviso, Mario Conte, escribió al gobierno para pedir que las autoridades locales sean excluidas de la recaudación de beneficios extraordinarios vinculados a la energía, ya que «la previsión debe ser premiada, no gravada».
Incluso la ANCI nacional cuestionó la aplicación de esta regla a las autoridades locales, porque los Municipios “no son de ninguna manera comparables a la noción de “ganancia extra”. No se trata de rentas o beneficios de carácter privado, sino de ingresos destinados a la comunidad y a la prestación de servicios a los ciudadanos”.
ANCI ha pedido al Gobierno que suspenda la medida, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Algunos parlamentarios de la mayoría y de la oposición han presentado enmiendas para excluir a los Municipios del impuesto a las ganancias extras, enmiendas que podrían ser retomadas en la discusión del decreto Milleproroghe.
EN LA MANIOBRA UN APORTE SOLIDARIO A LAS INSTITUCIONES
En tanto, la Maniobra que llegará mañana al Senado para la votación final dice que “se autoriza una contribución extraordinaria para el año 2023 a las entidades locales para hacer frente a los mayores costos derivados de las alzas en los precios del gas y la energía, y garantizar la continuidad de los servicios”. proporcionada por las autoridades locales. Para ello, en las estimaciones del Ministerio del Interior, se constituye un fondo con una dotación de 400 millones de euros para el año 2023, a destinar, por 350 millones de euros a favor de los municipios y por 50 millones de euros en favor de las ciudades metropolitanas y de las provincias, a distribuirse en relación con los gastos en que incurran las entidades por servicios de electricidad y gas (artículo 8)».
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